Contra todo pronóstico, el pleno congresal no alcanzó los votos que requería para cumplir su objetivo de sancionar al exmandatario preso desde hace tres años y recientemente condenado a 11 años y cinco meses de prisión por el cargo de conspirar para una rebelión.
En la primera votación se necesitaba 68 votos para aprobar la inhabilitación, que solo consiguió 44, frente a 31 en contra y tres abstenciones, y en la segunda los votos a favor de la sanción solo llegaron a 42, ante lo cual el caso fue archivado
También salieron indemnes la ex primera ministra de Castillo, Betssy Chávez -asilada en la Embajada de México-, y quien fuera su titular del Interior, Willy Huerta, ambos con la misma condena judicial del expresidente, como co-autores.
El Parlamento pretendía inhabilitar a los tres por diez años, pese a que la Corte Suprema, además de la condena de cárcel, los inhabilitó por dos años, por lo que uno de los defensores de los procesados, Carlos Torres Caro, hizo notar que sentenciarlos dos veces por un mismo caso es contrario a la Constitución.
Previamente, mediante una conferencia por video, el expresidente Castillo cuestionó la actitud del Parlamento que lo adversa y calificó a los legisladores como servidores del poder económico, además de negar que su intento de cerrar el Congreso fuera un golpe de Estado, pues dijo que solo había leído una proclama que no se hizo efectiva.
Otro de los abogados, Raúl Noblecilla, argumentó que desde antes de asumir el cargo, las bancadas conservadoras, en mayoría junto a sus aliados centro-derechistas, arremetieron contra Castillo.
“Lo hostilizaron, lo persiguieron, lo ‘terruquaron (acusaron de terrorista)’ y lo ‘cholearon (trato racista contra indígenas)’”, dijo sobre el intento de Castillo de cerrar el Parlamento.
También dijo que Betssy Chávez “es una refugiada, una perseguida, una asilada política” y que el Estado peruano está obligado a concederle el salvoconducto para viajar a México, país que le dio asilo y al que elogió por su histórica política solidaria.
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