En un comunicado, la institución destacó que, desde el estallido del actual ciclo de violencia en la región, en octubre de 2023, ese país detuvo a más de 21 mil palestinos en la Ribera Occidental.

De esa cifra, 610 fueron mujeres y unos mil 600 menores de edad, así como miles de prisioneros liberados con anterioridad.

El Centro señaló que durante ese lapso también se incrementó el número de encarcelados bajo la polémica normativa conocida como detención administrativa, utilizada para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.

Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa medida inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.

Los palestinos y los grupos de derechos humanos afirman que la detención administrativa viola el debido proceso judicial porque permite no presentar pruebas contra los presos mientras permanecen detenidos durante largos períodos sin ser acusados, juzgados o condenados.

La Oficina de Prensa de Prisioneros denunció ayer que 114 palestinos condenados a cadena perpetua languidecen en cárceles israelíes.

El grupo denunció las torturas y vejaciones cometidas en los centros penitenciarios de ese país y alertó que la situación empeorará como resultado de la continua declaración del estado de emergencia y la política de abusos practicadas por Israel.

Este mes, la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos, reveló el fallecimiento de al menos 98 palestinos en los centros de detención de esa nación levantina.

Hasta esa fecha, las organizaciones palestinas vinculadas al tema tenían contabilizados 81 decesos desde octubre de 2023.

Los nuevos datos confirman los sistemáticos crímenes del gobierno de Benjamin Netanyahu contra nuestros compatriotas, denunció el director del Club de Prisioneros, Abdullah Al-Zaghari, tras divulgarse la cifra.

En su informe, Médicos por los Derechos Humanos señaló que sus datos procedían de solicitudes de acceso a la información, documentos forenses y testimonios de liberados, abogados, familiares y testigos.

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