Según el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, emitirán una respuesta a denuncias sobre la ausencia de criterios claros y posibles irregularidades en su distribución.

El Ejecutivo reconoció públicamente que el MEF no tiene visibilidad sobre el uso final de los fondos que transfiere a los gobiernos locales, una admisión que expone una falla estructural arrastrada durante años y que vuelve a colocar bajo escrutinio la transparencia de las llamadas transferencias municipales.

Chapman aceptó que la institución carece de mecanismos propios para verificar la ejecución real de los recursos, por lo que recurrió a la Contraloría General de la República.

También reconoció que durante años la asignación de recursos a los municipios no respondió a criterios científicos, razón por la cual el actual Gobierno propone aplicar el índice de pobreza multidimensional como factor de clasificación y priorización en la nueva Ley de Descentralización.

En un encuentro con la prensa, el funcionario precisó que en 2024 la administración actual asignó 6.9 millones de dólares a municipios con apego a ley y en lo que va de este año el monto asciende a 4.6 millones de dólares.

Además subrayó que esto representa una reducción del 96 por ciento frente a los 143 millones de dólares anuales que —según dijo— asignaban gobiernos anteriores, en lo que se conoció como la “descentralización paralela”, caracterizada por amplios márgenes de discrecionalidad y ausencia de controles.

Mientras el MEF intenta corregir procedimientos, el Contralor Anel Flores informó que entregó 18 expedientes de juntas comunales relacionados con la llamada “descentralización paralela”, donde sospechan que parte de los recursos pudo haber tenido fines político-electorales.

De su parte, el exdiputado Juan Diego Vásquez, dirigente del Movimiento Vamos, acusó al ministro Chapman de contradecir sus propias afirmaciones de enero de 2025, cuando aseguró que las transferencias serían técnicas y transparentes.

El exdiputado por libre postulación reveló que ninguno de los diez corregimientos con mayor pobreza en Panamá recibió fondos, lo cual deja sin sustento la idea de que las transferencias estaban orientadas a atender necesidades urgentes.

Al respecto, Chapman indicó que de encontrarse algo indebido se van a tomar acciones. «Vamos a examinar si tenemos la normativa adecuada”, remarcó.

El ministro subrayó que la revisión no se limita a la legalidad, sino que busca evaluar prácticas administrativas y éticas, reconociendo que históricamente la asignación de recursos extraordinarios careció de normativa clara en Panamá.

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