Los chicos, identificados como Ismael, Josué, Nehemías y Steven, desaparecieron el 8 de diciembre de 2024 después de ser detenidos en el sur de la ciudad de Guayaquil por integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Cámaras de seguridad captaron la retención de los adolescentes, lo que permitió reconstruir el hecho y evitar que, según organizaciones civiles, el caso quedara oculto.
La coordinadora ejecutiva de Inredh, Ingrid García, afirmó este lunes en rueda de prensa en esta capital que “la desaparición forzada se quiere negar desde el poder”.
Señaló que existen dos procesos abiertos sobre el caso, uno penal y otro constitucional, pero autoridades militares y abogados de los uniformados “han intentado impedir que se declare la desaparición forzada vía hábeas corpus”, actualmente en análisis en la Corte Constitucional.
García aseguró que no ha existido una disculpa pública real y que hubo ocultamiento de información, mientras las familias “no reciben respuestas”.
Además, denunció al menos otras 33 desapariciones similares a la de los menores de Las Malvinas en provincias de la costa del país.
Según García, los hechos cumplen con los tres elementos establecidos en el derecho internacional para calificar una desaparición forzada: privación de libertad, ocultamiento de información oficial y participación de agentes estatales.
Las denuncias se enmarcan en el plan de seguridad militarizada implementado por el presidente Daniel Noboa desde enero de 2024, cuando declaró la existencia de un conflicto armado interno contra el crimen organizado, estrategia que -de acuerdo con defensores de derechos- abrió la puerta a excesos y a un uso desproporcionado de la fuerza.
En la rueda de prensa de este lunes, integrantes de la Mesa de Solidaridad por los Cuatro de las Malvinas presentaron una jornada de actividades este 8 de diciembre, al cumplirse un año de la tragedia, que evidenció una ausencia de control estatal en la actuación militar.
Jorge León, miembro de la Mesa, afirmó que el silencio del presidente Noboa ante el caso es “inaceptable” y criticó cómo se intentó “criminalizar a los niños” para justificar su detención.
Las organizaciones que conforman la Mesa de Solidaridad convocaron a movilizaciones, vigilias y actos de memoria en varias ciudades para exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.
A esta hora prosigue el juicio contra los 17 militares implicados en el caso, para quienes la Fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión.
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