Fuentes gremiales dan cuenta de más de 30 cortes de ruta como parte de las movilizaciones convocadas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a las que se sumaron organizaciones sociales.
Desde las 10:00, hora local, tienen lugar marchas y manifestaciones en ciudades del Área Metropolitana de Buenos Aires que abarca la capital y una veintena de municipios de la provincia homónima; también en Córdoba, Rosario, La Plata y otras urbes del país.
En este momento columnas de trabajadores se dirigen hacia el Congreso Nacional adonde hoy el ejecutivo envió varios proyectos que pretende imponer a partir de enero, entre estos la controversial enmienda a la Ley Laboral la cual el ejecutivo quiere que el Congreso apruebe antes del día 30.
La representación de la Confederación General del Trabajo, federación sindical que agrupa a muchos gremios y que hasta ahora ha venido dialogando con el ejecutivo, decidió ausentarse hoy del llamado Consejo de Mayo reunido en la Casa Rosada como muestra de su rechazo a la reforma laboral y advirtió que el conflicto se puede agravar.
Los sindicatos se oponen a esa propuesta porque según alertan provocará despidos, reducción de los ya disminuidos salarios, jornadas más largas y trabas para el trabajo sindical.
Las organizaciones sociales se sumaron a las protestas con sus reclamos contra el hambre, dada la situación de extrema gravedad social que afecta a millones de familias humildes.
Además de rechazar la reforma laboral, el paro convocado por ATE es por la reapertura de las negociaciones para un nuevo convenio colectivo de trabajo que contemple una recomposición salarial de emergencia- y en rechazo al intento de recorte del 10 por ciento de los trabajadores estatales.
Funcionarios del gobierno libertario dejaron entrever en los últimos días que proyectan dejar en la calle hasta 70 mil empleados de organismos descentralizados del Estado, lo cual incluso podría suceder antes de fin de año.
Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, fue contundente al describir el espíritu del proyecto oficial: «Pretenden que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones».
Según el dirigente, las modificaciones impulsadas por La Libertad Avanza van mucho más allá de una supuesta «modernización» del empleo: configuran un proceso de flexibilización que habilitaría, incluso, prácticas como obligar a los trabajadores a renunciar para recontratarlos bajo condiciones más precarias.
Catalano advirtió que la reforma laboral como al Código Penal refuerzan una estrategia gubernamental de endurecimiento y control: «No solamente van por los derechos de los trabajadores recogidos en la Constitución, sino que van por la penalización judicial.
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