La iniciativa establece que el Ministerio de Educación asumirá la rectoría del sistema desde la formación inicial hasta la superior, respetando la autonomía universitaria.

La propuesta busca modernizar la estructura administrativa del sector, fortalecer la coordinación interinstitucional y optimizar el uso de los recursos públicos.

Entre las principales novedades del proyecto destacan la supresión del Mescyt, transfiriéndose al Ministerio de Educación todas sus funciones, atribuciones y competencias.

También prevé la creación del Consejo Consultivo, un órgano encargado de acompañar al Minerd en la formulación, evaluación y seguimiento de sus políticas.

Declara de alta prioridad nacional del proceso de reforma integral del sistema educativo, así como el mandato para presentar en un plazo de 12 meses propuestas de actualización de las leyes de enseñanza preuniversitaria, educación superior y ciencia, tecnología e innovación.

Peralta Romero destacó que esta reforma se enmarca en el Plan General para la Reforma y Modernización de la Administración Pública, orientado a garantizar una gestión más eficiente y coherente en todo el sistema.

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