Además de Bolsonaro, los generales Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Nogueira, y el almirante Almir Garnier están siendo investigados.

El proceso está a cargo del Servicio de Inspección de Productos Controlados de la XI Región Militar, que abarca el Distrito Federal, Goiás, Tocantins y el área del Triángulo Minero.

La recolección de los artefactos bélicos está a cargo de la Policía Federal.

El Supremo Tribunal Federal (STF) dictó sentencia firme, a finales de noviembre, es decir, condena definitiva, que involucra a los militares en la tentativa golpista, y estos comenzaron a cumplir sus condenas.

Ahora, bajo este escenario, la Cámara de Diputados impulsa un proyecto que reduciría la sanción a Bolsonaro y el Gobierno prepara un veto para impedir cualquier beneficio.

La decisión del Partido de los Trabajadores de promover el impedimento presidencial al proyecto de ley de sentencias, aprobado en la Cámara baja, alteró el tablero político en el gigante sudamericano.

Tal propuesta, que aún debe pasar por el Senado, introduce disminuciones de pena que afectarían directamente el castigo a Bolsonaro, quien cumple 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado. Para el Gobierno, permitir ese recorte sería improcedente.

Al respecto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva discutió la situación con senadores aliados, como Jaques Wagner, Renan Calheiros y Eduardo Braga, quienes advirtieron sobre la dificultad de frenar la iniciativa en la asamblea legislativa.

Lula considera inadmisible la reducción del correctivo a Bolsonaro. Indicó a su entorno que no permitirá la aprobación de ninguna parte de la propuesta que pueda reducir, «de arriba hacia abajo», la condena de su predecesor.

En un contexto de confrontación abierta con el Supremo, parte del Congreso impulsa proyectos que considera prerrogativas exclusivas del Legislativo, incluida la definición de criterios de penas.

Para el Ejecutivo, el proyecto no solo podría favorecer a Bolsonaro, sino también a otros condenados por crímenes graves. Esa consecuencia sería políticamente y jurídicamente inaceptable.

Según Lula, el excapitán del Ejército «tiene que pagar por el intento de golpe» y confirmó que actuará conforme considere necesario para garantizar el cumplimiento de la sentencia impuesta por el STF.

En el fondo, lo que se pretende con el caso Bolsonaro es definir quién establece los límites institucionales en Brasil y evitar que se convierta en un precedente de flexibilización de penas para líderes involucrados en ataques contra el orden constitucional.

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