Según datos publicados por la Policía Federal (PF), que asumió la supervisión de la categoría en sustitución del Ejército, en total suman 1,58 millones de artilugios bélicos inscritos.

La corporación precisa que este 30 por ciento de sujetos sin certificado CAC está compuesto principalmente por tiradores que utilizan armas de clubes y campos de tiro, sin poseer aparatos propios.

También la PF informó que, desde que asumió la gestión de los CAC, recibió aproximadamente 690 mil solicitudes, con un promedio de 130 mil procesos mensuales relacionados exclusivamente con la categoría.

Del total, 18 por ciento aún está pendiente de análisis, mientras que un dos tiene documentación irresuelta.

Para gestionar el alto volumen de solicitudes, la PF planea invertir 12 millones de reales (unos dos millones 200 mil dólares) en los próximos años para modernizar sus sistemas.

La finalidad es automatizar casi el 80 por ciento de todo el flujo procesal, lo que, según la corporación, debería ampliar la capacidad operativa, reducir los cuellos de botella y aumentar el control sobre los registros.

Otro dato destacado en la encuesta es el impacto financiero de las tasas cobradas a los CAC.

Desde la transferencia de competencia a la PF, las tasas ya han recaudado 15 millones de reales (alrededor de dos millones 775 mil dólares).

Actualmente, estos recursos siguen asignándose al Fondo del Ejército, pero la fuerza del orden público informó que proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional están discutiendo la posibilidad de redirigir el monto al Fondo de la Policía Federal.

En julio de 2026, aproximadamente 1,5 millones de registros de armas de fuego de los CAC vencerán simultáneamente.

De acuerdo con la PF, el plan busca garantizar la calidad en la renovación, mediante un análisis riguroso de la documentación y la regularidad de los solicitantes.

El informe indica que la transferencia de la supervisión a la policía busca reforzar el control, la trazabilidad y la prevención del desvío de armas, así como fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada.

Figuran entre los principales desafíos identificados la integración de sistemas y bases de datos, y la ampliación de la capacidad técnica de las unidades especializadas.

La posesión de un arma de fuego autoriza al propietario a mantenerla exclusivamente dentro de su residencia o lugar de trabajo (si es el titular legal del establecimiento).

El porte (llevarla consigo en la vía pública) es mucho más restrictivo y se concede solo en casos excepcionales y justificados.

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