Este martes autoridades realizaron en siete regiones del país la Operación Apocalipsis, una acción coordinada entre la Fiscalía y los ministerios de Justicia y Seguridad, así como la policía, que incluyó el allanamiento de 77 viviendas y recintos penitenciarios.

Como resultado preliminar quedaron detenidas 67 personas, de ellas 44 gendarmes, y se logró incautar dinero en efectivo, armas y drogas, entre otros elementos.

Entre los delitos investigados figuran cohecho, lavado de activos, asociación criminal y tráfico de drogas.

Algunos de los involucrados cobraban a los internos hasta 80 mil pesos (87 dólares) por un combo de comida rápida.

El mandatario señaló que las investigaciones comenzaron en 2023, bajo la dirección del actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia, luego de que su predecesor consideró como irrelevante lanzar líneas de investigación en las cárceles.

Las diligencias van a continuar, anunció Boric, pero hasta ahora de lo que existe certeza es de una red de corrupción y venta de favores cuyos negocios ilícitos suman más de seis mil millones de pesos (poco más de 6,5 millones de dólares).

Agregó que la participación de funcionarios del Estado en este tipo de manejos es inaceptable, repulsiva y no se permitirá, como tampoco que los recintos penitenciarios sean espacios para delinquir.

Por esto, dijo el presidente, tomó la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto a este cuerpo, destinada a separar sus funciones.

De esta manera, Gendarmería pasará a ser una institución dependiente del Ministerio de Seguridad Pública y las tareas de reinserción social quedarán alojadas en la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

La Operación Apocalipsis está considerada en Chile como el mayor golpe a la corrupción en el sistema carcelario del país.

ro/car/eam