Acorde con un comunicado oficial al efecto, la detención se produjo durante una operación legal y planificada ejecutada por el Ministerio en coordinación con otras fuerzas del orden, destinada a investigar supuestas infracciones a la normativa migratoria sudafricana.
La acción, realizada en la ciudad de Johannesburgo, respondió a informes de inteligencia que señalaban la presencia de extranjeros que habrían asumido funciones en un centro dedicado a tramitar solicitudes de asilo con destino a Estados Unidos.
Según la cartera, las personas intervenidas habrían ingresado al país con visados de turista y, pese a que solicitudes previas para autorizar su trabajo habían sido rechazadas por la autoridad migratoria, habrían comenzado a laborar en el citado centro.
Tras la operación, los detenidos recibieron órdenes de deportación y se les impuso una prohibición de reingreso a Sudáfrica por un periodo de cinco años.
El Ministerio precisó que la intervención no tuvo lugar en una sede diplomática y que no se arrestó a funcionarios estadounidenses. Asimismo, aseguró que no hubo hostigamiento contra el público ni contra solicitantes de protección internacional presentes en el lugar durante el operativo.
Las autoridades destacaron que la medida forma parte de un esfuerzo sostenido por intensificar el control migratorio y combatir el uso indebido del sistema de visados, una política que, según el comunicado oficial, se ha reforzado en los últimos 18 meses mediante procedimientos más rigurosos y deportaciones más frecuentes.
En su declaración, Home Affairs subrayó que la operación reafirma su compromiso con la aplicación imparcial de la ley y con la protección del orden público, y añadió que la presencia de presuntos coordinadores extranjeros junto a trabajadores sin documentación plantea interrogantes sobre el respeto a protocolos diplomáticos y la intención de quienes organizan esas actividades.
Ante esos hechos, el Ministerio ha iniciado contactos formales con las autoridades de Kenia y con representantes estadounidenses para aclarar responsabilidades y coordinar acciones que permitan resolver la situación conforme a las normas internacionales y bilaterales vigentes.
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