La norma, que ahora pasará a conciliación con el texto aprobado por el Senado y luego a sanción presidencial, ordena crear un registro único de desplazados climáticos y diseñar políticas públicas con enfoque preventivo y de protección de derechos humanos.
De acuerdo con la propuesta, las personas afectadas por desastres naturales como inundaciones, deslizamientos o erupciones volcánicas deberán ser reconocidas como víctimas del Estado, con derecho a atención integral, continua y preventiva.
Por otra parte, obliga al Gobierno nacional a diseñar e implementar una política pública específica para prevenir, atender y dar soluciones duraderas al desplazamiento por causas climáticas.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, entre el 2016 y 2022 en Colombia se registraron 536 mil desplazamientos debido a la ocurrencia de desastres naturales.
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