La Fiscalía solicitó, por el delito de desaparición forzada, 34 años de prisión para los uniformados implicados directos, siete años para el cómplice y 30 meses para los cooperadores eficaces.

El Tribunal a cargo de este caso, conocido como Las Malvinas por el nombre del barrio donde residían los niños, aún no ha fijado fecha y hora para dar a conocer su decisión, aunque se espera que la decisión final del juez se conozca a partir del lunes 22 de diciembre.

El 8 de diciembre de 2024 una patrulla con miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) detuvo a Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, los cuatro chicos cuyos restos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre en una zona rural de Taura, en la provincia de Guayas.

Ronny Medina, padre de Steven, el menor de 11 años, espera junto a otras familias la sentencia y expresó que su único pedido es que los implicados no se salven de una sentencia.

“Yo quiero que les caiga todo el peso de la ley porque sinceramente son personas que no tienen corazón y aún siguen negando lo que le hicieron a nuestros hijos. Lo que ellos nos hicieron a nosotros, no se le hace a nadie”, sostuvo Medina, citado por el diario El Universo.

Respecto a la colaboración de algunos de los militares para aclarar lo ocurrido, “no es que me reconforte, pero es algo bueno para nosotros, porque lo que más queremos es saber la verdad de por qué se llevaron a nuestros hijos y por qué les hicieron eso”.

Entre los detalles que aportaron hay relatos sobre agresiones físicas, disparos intimidatorios y el abandono en una zona despoblada, aunque otros aún lo niegan.

“Los colaboradores eficaces dicen que vieron cuando el subteniente cogió a mi hijo y le pegó de 20 a 30 correazos, a Steven, un niño de 11 años“, indicó el padre, quien dijo que escuchar los testimonios durante las audiencias fue muy difícil.

Una vez que el juez dicte sentencia por el cargo de desaparición forzada, Medina adelantó que continuarán con otro proceso judicial por el asesinato de los cuatro niños.

“Vamos a seguir luchando por la muerte de nuestros hijos porque eso no va a quedar así”, aseveró.

La detención de los cuatro menores ocurrió en medio del conflicto armado interno declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa, que indicó a los militares sumarse a operativos para combatir al crimen organizado.

La coordinadora ejecutiva de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Ingrid García, aseguró que a un año del crimen no ha existido una disculpa pública real y que hubo ocultamiento de información.

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