El magistrado era integrante del tribunal del caso Triple A, que investiga a una veintena de personas por presuntos delitos relacionados con derivados de petróleo, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Tras conocerse la salida del letrado, Álvaez escribió en la red social X que el país debe conocer “la realidad del sistema judicial”. Las amenazas, según la denuncia, se originaron tras la sentencia en el caso Euro 2024, en el que se condenó a un ciudadano serbio identificado como líder de un esquema de lavado de activos relacionado con el narcotráfico.

Serrano señaló que el 3 de diciembre se le retiró el equipo de seguridad policial, pese a amenazas que calificó de inminentes.

“Se está poniendo en peligro mi vida e integridad al obligarme a continuar con las labores jurisdiccionales, fuente de mi situación de peligro sin ningún tipo de resguardo personal”, expuso en un documento.

El juez indicó que, ante la falta de respuesta institucional decidió no continuar laborando para proteger su vida, invocando su derecho constitucional a un trabajo libremente escogido y no forzado.

El origen de las amenazas estaría en la sentencia contra Yezdimir Serdán, condenado a 10 años de prisión por lavado de activos, luego de que, según el juez, se intentara presionarlo para modificar su fallo.

Serrano relató que un funcionario del Consejo de la Judicatura lo citó fuera del complejo judicial y que posteriormente recibió mensajes directos en su despacho para declarar inocente al procesado.

Durante la audiencia de sentencia, el condenado realizó un gesto interpretado como amenaza de muerte, hecho que quedó registrado en la diligencia telemática, según la denuncia.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado informó que abrió una investigación previa por el presunto delito de tráfico de influencias, tras conocerse amenazas y amedrentamientos contra el magistrado.

En el ámbito político, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) sostuvo que el caso evidencia una posible captura de la justicia por redes de corrupción y chantaje, y responsabilizó al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por el retiro de la seguridad.

La asambleísta Viviana Veloz, de la RC, pidió suspender la vacancia legislativa prevista entre el 22 de diciembre y el 5 de enero, para activar mecanismos de fiscalización ante lo que calificó como una grave afectación a la independencia judicial.

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