De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la definición del referido marco jurídico constituye un hito en la relación entre el Estado colombiano y los pueblos indígenas, al habilitar el ejercicio efectivo de la autodeterminación, la delimitación y la administración territorial propia y la planificación de los planes de vida.

“Con estas decisiones, el Gobierno Nacional cierra un vacío institucional existente desde 2001, al desarrollar y operativizar derechos constitucionales ya reconocidos, pero no implementados plenamente”, apuntó la cartera.

Destacó la entidad que además de satisfacer un reclamo de las comunidades originarias, se fortalece la autonomía indígena en su dimensión política y administrativa, se profundiza la coordinación interinstitucional y se habilita la recepción y administración directa de recursos públicos, incluida la cooperación internacional.

La expedición de los decretos es el resultado de un proceso de construcción colectiva iniciado en 2023, que incluyó diálogos amplios y permanentes entre autoridades indígenas y entidades del Gobierno Nacional, entre ellas los ministerios del Interior, Ambiente, Agricultura y Salud, remarcó la comunicación.

Desde una perspectiva ambiental, acotó, estas medidas adquieren una relevancia estratégica al articularse con la creación de la primera reserva de recursos naturales renovables del bioma amazónico, que abarca cerca del 42 por ciento del territorio nacional.

Remarcó la cartera ministerial que el reconocimiento de las autoridades indígenas fortalece los procesos de consulta previa, libre e informada y consolida una alianza fundamental para la protección de la Amazonía, eje del equilibrio climático nacional y global.

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