En la reunión legislativa, que comenzó el 1 de diciembre, fueron aprobadas leyes con cambios a las áreas de los impuestos sobre bienes y servicios del estado de Manipur, de las contribuciones especiales, también para la seguridad sanitaria y nacional, y de las asignaciones.

Los diputados admitieron, asimismo, las normativas de derogación y enmienda, de seguros, la de aprovechamiento sostenible y avance de la energía nuclear, y la del sector agrario Viksit Bharat – Garantía para la misión Rozgar y Ajeevika (Gramin).

De esas legislativas, las más debatidas fueron las propuestas sobre sectores agrario y nuclear dentro de misión de una India desarrollada para 2047, según el Ejecutivo.

La ley Viksit Bharat—Garantía para la Misión de Empleo y Medios de Vida (Rural) de 2025 sustituyó el Programa Nacional de Garantía de Empleo Rural Mahatma Gandhi (Mnrega), que tiene, además, como objetivo modificar el marco actual que proporciona trabajo garantizado en las zonas rurales.

Por otra parte, el gobierno introdujo el Proyecto de Ley de Aprovechamiento y Desarrollo Sostenible de la Energía Nuclear para la Transformación de la India, que abre el medular sector a la participación del sector privado en la generación de energía atómica, buscando atraer inversiones masivas.

Con esa normativa se derogaron dos leyes clave: la Ley de Energía Atómica de 1962 y la Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares de 2010, que Nueva Delhi considera obstáculos para la inversión nacional y extranjera en esa área.

Según las modificaciones, las empresas privadas indias podrán solicitar licencias de construcción, operación y desmantelación de centrales y reactores nucleares, actividades que anteriormente estaban restringidas principalmente a entidades estatales.

La responsabilidad en caso de un accidente nuclear recaerá exclusivamente en los operadores de las centrales, mientras que los proveedores de equipos estarán exentos, una medida destinada a tranquilizar a los proveedores extranjeros, significó el medio Hans India.

No obstante, las operaciones sensibles, como el enriquecimiento de uranio, el reprocesamiento de combustible gastado y la producción de agua pesada seguirán bajo control gubernamental.

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