“Tras la resolución definitiva de la Corte, la autoridad fiscal tiene la obligación de continuar con el procedimiento de cobro, por lo que en enero de 2026, se requerirá el pago por 51 mil millones de pesos (dos mil 800 millones de dólares)”, subrayó el director del SAT, Antonio Martínez.
En caso de intención de cubrir el adeudo, puntualizó, los contribuyentes podrán solicitar ante el Fisco, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39 por ciento, en consonancia con la Ley y las sentencias de los tribunales.
“De conformidad con el artículo 31, fracción cuarta, de nuestra Constitución, es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa, como disponen las leyes, por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes”, agregó.
Entre 2013 y 2018, la autoridad fiscal determinó, a través de resoluciones administrativas, adeudos del Impuesto Sobre la Renta por parte de estas compañías correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2013.
Al intervenir en el habitual encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con medios de comunicación en Palacio Nacional, Martínez señaló que en ese momento quedó claro que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas eran improcedentes.
Posteriormente, las compañías impugnaron esta decisión ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el cual resolvió entre 2019 y 2023 que los adeudos determinados y confirmados por el SAT resultaban correctos.
A ello le siguió otro recurso por parte de las mencionadas empresas, esta vez ante el Poder Judicial de la Federación, donde los Tribunales Colegiados negaron el amparo en 2024 y 2025 y respaldaron de esa manera las sentencias del TFJA.
Finalmente, las compañías acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, última instancia, la cual desechó el pasado 13 de noviembre sus impugnaciones y ratificó las actuaciones del Tribunal Colegiado, el TFJA y el SAT.
La presidenta Sheinbaum hizo referencia a la importancia de que se conozca lo planteado en la legislación, pues a eso se apega su Gobierno.
“Se notifica en enero y esperamos que se pague, así de sencillo. Si no pagan, pues entonces ya viene otro proceso”, señaló la mandataria, al recalcar que se trata exclusivamente de un tema legal, jurídico y administrativo.
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