Según divulgó el órgano de justicia transicional, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) probó su responsabilidad penal por 35 hechos que dejaron 72 personas asesinadas, algunas de ellas desaparecidas y torturadas, en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.

La sección consideró que la UIA logró demostrar la existencia de un Ilegal Aparato Organizado de Poder que operó en el Batallón ‘La Popa’ y que articuló alianzas con estructuras paramilitares y prácticas internas para presentar civiles asesinados como bajas en combate entre 2002 y 2003.

Todos estos factores propiciaron graves violaciones a los derechos humanos contra la población civil en la Costa Caribe, señaló la JEP.

Además, abundó, se articularon con prácticas sistemáticas mediante las cuales los responsables —en este caso, Mejía— ejecutaron y encubrieron los hechos para impedir que las víctimas accedieran a la justicia y para sostener una percepción artificial de seguridad y eficacia militar, basada en la generación de intimidación.

Remarcó el tribunal de paz que el accionar delictivo se manifestó en tres modalidades.

La primera consistió en la alianza de un Ilegal Aparato Organizado de Poder que funcionó en el Batallón ‘La Popa’, liderado por el acusado, con el frente ‘Mártires del Cesar’ de las Autodefensas Unidas de Colombia, encabezado por David Hernández, conocido como ‘39’.

A través de esta alianza, expuso la entidad, los paramilitares mataron personas; retuvieron ilegalmente a civiles y los entregaron a los militares, quienes posteriormente los asesinaron; y suministraron guías para señalar a ciudadanos que luego fueron asesinadas por subordinados del acusado.

En todos los casos, las víctimas fueron presentadas ilegítimamente como dadas de baja en combate, recalcó.

La segunda modalidad consistió en el señalamiento, la retención ilegal y el homicidio de civiles, realizados directamente por miembros de la fuerza pública a través del Ilegal Aparato Organizado de Poder que operó en el Batallón ‘La Popa’, bajo el mando del ahora condenado.

Finalmente, la tercera modalidad estuvo relacionada con infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó que combatientes heridos fueron ejecutados y que también se simularon enfrentamientos para asesinar a personas que ya habían depuesto las armas.

Esta sentencia, que da conclusión al primer Juicio Adversarial Transicional celebrado por el Tribunal de Paz, deviene en un fallo histórico en la impartición de justicia en Colombia.

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