La fecha recuerda a la niña de seis años Javiera Neira Oportus, asesinada en 2005 por su padre cuando intentó defender a su progenitora, en un contexto de violencia intrafamiliar. El caso generó un gran impacto en el país y movilizó a las organizaciones sociales, en particular las feministas, para promover la denuncia y la erradicación de esas prácticas, así como la aplicación efectiva de la justicia contra los culpables.

Se entiende como femicidio el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia, que suele ir precedido por acciones de extrema violencia, como golpes, mutilaciones, quemaduras y ensañamiento o violencia sexual.

El concepto se le atribuye a la académica Diana Russell y en América Latina se extendió en el marco de una serie de muertes de mujeres en Ciudad Juárez, México, en los años 90 del siglo pasado.

La jurisprudencia chilena tuvo avances notables en este sentido y el primero de ellos fue la promulgación de la Ley Gabriela en marzo de 2020, que amplía el delito a casos fuera de una relación afectiva e incorporó la tipificación de la violación con femicidio.

Otro logro fue la normativa denominada Antonia, de 2022, donde se introduce la definición del suicidio femicida, el cual ocurre cuando agobiadas por una situación extrema de violencia y hostigamiento por un hombre, sea o no su pareja, optan por quitarse la vida.

La primera condena por este delito ocurrió en agosto de este año en la región norteña de Atacama.

De acuerdo con datos publicados aquí, durante 2025 ocurrieron 40 femicidios consumados y 283 frustrados.

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