“El actual incremento en el uso militar de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos revela el engaño cometido en torno al cierre de instalaciones militares, y constituye un retroceso en la lucha del pueblo puertorriqueño por su libre determinación”, afirmaron en la misiva las entidades políticas y sociales boricuas.

Al hacer la denuncia ante el Secretario General de la ONU, las agrupaciones recaban de la comunidad internacional que esté atenta a los efectos que tiene sobre el derecho de libre determinación e independencia del pueblo puertorriqueño.

Igualmente, la remilitarización y expansión militar de Estados Unidos en Puerto Rico, “su uso como puente y base de agresión contra la soberanía de pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, y la desestabilización de la paz en la región”.

“El pueblo puertorriqueño habló fuerte y claro cuando miles de nuestros compatriotas se convirtieron en escudos humanos para detener las prácticas militares en Culebra y Vieques, y decenas de miles protestaron contra la presencia militar”, indicaron Vanessa Ramos, de la Asociación Americana de Juristas y Vivian Godineaux, del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

También Ángel Rodríguez León y Carlos Vega, del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano; María de Lourdes Guzmán, del Movimiento Unión Soberanista, y Juan Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertorriqueño.

Agregaron Eunice Santana, de la Comunidad Ecuménica en el Camino; Sonia Santiago Hernández, de Madres contra la Guerra; Francisco Concepción, de la Mesa de Diálogo Martin Luther King, y José Rodríguez Vélez, Movimiento Solidario Sindical, que “las denuncias sobre los daños acaecidos en nuestra población por la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico han sido ampliamente documentadas y expresadas ante el Comité Especial de Descolonización desde la década de los años 70” del siglo pasado.

En la carta a Guterres se indica que por más de sesenta años, Estados Unidos había utilizado tierras puertorriqueñas para prácticas militares y entrenamientos, incluyendo bombardeos en terrenos cercanos a poblaciones, particularmente de las orientales islas de Vieques y Culebra, que sufrieron graves daños a su salud física y mental, así como a sus terrenos y los cuerpos de agua.

Estas instalaciones cerraron operaciones hace décadas, y los terrenos fueron supuestamente devueltos al gobierno de Puerto Rico, pero ahora, por decisión unilateral del gobierno de Donald Trump, revierten a uso militar.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha retomado varias de aquellas para su reactivación con fines militares, como Ramey Fields, en Aguadilla, noroeste, y el Campamento Santiago, en Salinas (sur), principal centro de ejercicios de la Guardia Nacional y de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico, para sus preparativos en la región del Caribe, y la disposición de municiones en terrenos aún contaminados por las prácticas del pasado.

La comunidad internacional ha estado atenta a las tensiones que han surgido en el Caribe con el despliegue militar de las fuerzas navales de Estados Unidos y ejecuciones de alegados narcotraficantes en aguas al norte de Venezuela, y en aguas del océano Pacífico al oeste de Colombia.

También se cierne la amenaza de una invasión militar a Venezuela, lo que ha provocado el repudio generalizado dentro y fuera de Estados Unidos, incluyendo el llamado del papa León XIV al diálogo y no a la intervención militar.

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