Durante el periodo de vacancia legislativa se suspenderán todas las actividades, no habrá sesiones del Pleno, reuniones de comisiones, encuentros de grupos parlamentarios ni sesiones del Comité de Ética o del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

No obstante, este domingo los asambleístas decidieron vía telemática, con 142 votos a favor, que Godoy acuda de forma indelegable dentro de los próximos ocho días contados desde la resolución debido a denuncias que comprometen la independencia judicial, la ética pública y la lucha contra el crimen organizado.

Esta decisión se tomó, luego de conocerse las denuncias del juez anticorrupción, Carlos Serrano, quien pidió la dimisión la semana pasada por, presuntamente, haber recibido amenazas y presiones de un funcionario del Consejo de la Judicatura.

Medios locales señalan que las amenazas a Serrano estarían relacionadas con un caso de narcotráfico y lavado de activos que involucra a un ciudadano serbio, cuya defensa legal fue asumida por Dolores Vintimilla, esposa de Godoy.

La legisladora Viviana Veloz, de la bancada opositora de la Revolución Ciudadana, expresó que la convocatoria de Godoy es insuficiente, ya que es necesario que comparezca también el juez Serrano.

Además, Veloz pidió que la citación fuera en al menos 48 horas y no ocho días, pero de acuerdo con la oposición, el oficialismo juega a que la noticia se pierda entre Navidad y fin de año.

La parlamentaria de Pachakutik Mariana Yumbay recordó que es importante que en un Estado de derecho la fiscalización a Godoy se ejecute ante todos los rumores de presiones contra magistrados.

El Consejo de la Judicatura es el órgano del Estado ecuatoriano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de jueces y fiscales, gestiona los recursos del sistema judicial y puede iniciar procesos administrativos contra operadores de justicia.

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