En un pronunciamiento público, la Conaie sostuvo que la sentencia emitida la víspera por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales sobre el caso conocido como Las Malvinas, ratifica lo denunciado por las familias y organizaciones sobre graves violaciones cometidas bajo una política de seguridad militarizada.

El fallo condenó a 11 uniformados a 34 años y ocho meses de prisión como autores directos del delito de desaparición forzada de cuatro menores en diciembre de 2024, mientras otros cinco militares recibieron penas reducidas tras colaborar con la Fiscalía.

Un oficial procesado como cómplice fue absuelto, aunque la defensa anunció que evaluará si apela la decisión.

Para la Conaie, la resolución judicial no satisface plenamente la demanda de justicia, al dejar fuera de investigación a los responsables políticos y a los altos mandos militares que, según señaló, diseñaron, autorizaron o toleraron una política que expuso a niños y comunidades enteras a la violencia estatal.

La organización advirtió que el caso forma parte de una estructura de poder que normalizó la militarización de la seguridad interna, debilitó el control civil y vulneró derechos fundamentales, especialmente en barrios populares, por lo que consideró indispensable avanzar en investigaciones.

El Ministerio de Defensa aseguró, tras conocerse la sentencia, que las Fuerzas Armadas actuaron con apego a la ley y que colaboraron con transparencia durante el proceso judicial.

Sin embargo, el abogado Fernando Bastías, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, criticó esa postura y recordó que esa cartera solicitó inicialmente la revocatoria de la prisión preventiva de los uniformados, además de guardar silencio ante campañas de desinformación.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, expresó solidaridad con las familias de Ismael y Josué Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda, detenidos por una patrulla militar en diciembre de 2024 y cuyos cuerpos aparecieron calcinados poco después.

Morillo sostuvo que ningún funcionario está por encima de la ley.

Abraham Aguirre, abogado de las familias, calificó la sentencia como un precedente histórico en materia de derechos humanos y protección de niños, y precisó que existe una investigación paralela por secuestro con resultado de muerte que podría determinar nuevas responsabilidades.

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