La extensión, cuya vigencia será entre el 1 y 30 de enero próximo, recibió el apoyo de 57 de 60 diputados, el voto en contra de la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, y dos ausentes de la agrupación Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

La medida que centra la política oficial contra las pandillas es blanco de críticas de sectores opositores y organizaciones internacionales que aseguran existen violaciones de derechos humanos.

Gracias a esta política, según fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el último mes del año acumula hasta el lunes 19 jornadas sin víctimas fatales atribuibles al accionar de las pandillas, mientras el país se encamina a alcanzar los mil 100 días sin asesinatos desde que el presidente Nayib Bukele llegó al poder en 2019.

El régimen es la herramienta fundamental que ayudó a la captura de cerca de 91 mil presuntos pandilleros y colaboradores, y que algunos países tratan de replicar ante el alza de la violencia en la región de las Américas.

Hasta ahora la medida que arropa al Plan Control Territorial recibe un amplio respaldo de la población en las encuestas, en las cuales la aprobación es consistente con cifras que rondan el 84 al 91 por ciento en varios momentos.

El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, durante una intervención en el foro legislativo elogio la iniciativa por su contribución a salvar vidas.

Mientras el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, recordó que no se puede olvidar el fin de semana de 2022 cuando las pandillas asesinaron a más de 80 salvadoreños.

Sostuvo que la disposición está en la Constitución de la República y que ningún gobierno de los anteriores la quiso implementar. «El régimen de excepción es la medida más humana que ha existido en la historia de este país porque se están salvando vidas», puntualizó.

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