Nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero independientes de cualquier gobierno u organismo, los relatores especiales y analistas denunciaron la decisión del presidente Donald Trump de obstaculizar el paso de buques petroleros, confiscarlos y desplegar una gran fuerza militar en el Caribe.
“No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, afirmaron en un informe publicado esta jornada.
Está prohibido por la Carta de la ONU y es un uso tan grave de la fuerza que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974, añadieron.
Por tanto, consideraron que «se trata de un ataque armado en virtud del artículo 51 de la Carta, que en principio otorga al Estado víctima el derecho a la legítima defensa».
“El uso ilegal de la fuerza y las amenazas de emplear más fuerza en el mar y en tierra ponen en grave peligro el derecho humano a la vida y otros derechos en Venezuela y la región”, aseguraron.
“Existen serias preocupaciones de que las sanciones sean ilegales, desproporcionadas y punitivas conforme al derecho internacional, y que hayan socavado gravemente los derechos humanos del pueblo del país sudamericano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, agregaron.
También condenaron los asesinatos arbitrarios perpetrados por Estados Unidos de al menos 104 personass mediante 28 ataques contra embarcaciones civiles bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas.
Según los informes, ninguna de las víctimas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal.
“Esos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debería intervenir para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo”, afirmaron los expertos.
Además, instaron a los Estados a adoptar las medidas posibles para poner fin al bloqueo y las ejecuciones ilegales de manera urgente, entre ellas protestas diplomáticas, resoluciones de la Asamblea y contramedidas pacíficas.
“La acción colectiva es esencial para salvaguardar el derecho internacional. El respeto al estado de derecho, la soberanía, la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención y la solución pacífica de las controversias son pilares fundamentales para preservar la paz y la estabilidad mundial”, aseguraron.
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