Asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana (RC) expresaron su preocupación por el cierre de cruces formales, en especial el de Macará, en la sureña provincia de Loja, y señalaron que el Ejecutivo no informó la duración de la medida ni presentó alternativas para poblaciones afectadas.

La parlamentaria Verónica Iñiguez sostuvo que la decisión golpea directamente la dinámica social y económica de la zona fronteriza, donde miles de familias dependen del comercio, la educación, el turismo y los vínculos familiares con Perú.

Afirmó que el cierre repentino deja a la población sin opciones claras para continuar con sus actividades y cuestionó la falta de planificación y de diálogo previo con las comunidades locales, además de exigir soluciones concretas para quienes dependen del paso de Macará para su sustento diario.

En la misma línea, el jefe de bancada la RC y también asambleísta por Loja, Juan Andrés González, calificó la medida como una acción “sin planificación ni diálogo” y consideró que refleja un “manejo improvisado” del Ejecutivo frente a las realidades de las zonas fronterizas.

González informó que solicitó explicaciones formales al Gobierno y advirtió que la restricción genera un perjuicio grave y una preocupación legítima entre los habitantes de los cantones fronterizos.

Este 24 de diciembre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador anunció que resolvió dejar habilitados únicamente los pasos de Rumichaca, en la frontera con Colombia, y Huaquillas, en el límite con Perú, decisión que rige desde esa misma fecha.

La cancillería argumentó que la restricción responde a razones de “seguridad nacional” y aseguró que fue comunicada de forma previa a los Gobiernos de las naciones vecinas, sin precisar el plazo de vigencia.

Rumichaca conecta la provincia ecuatoriana de Carchi con el departamento colombiano de Nariño, mientras Huaquillas enlaza a la provincia de El Oro con el departamento peruano de Tumbes, ambos puntos clave para el comercio y la movilidad regional.

El Ejecutivo justificó la decisión en el contexto de la situación de seguridad que atraviesa el país, que desde 2024 se encuentra bajo un conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas del crimen organizado.

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