En una declaración a la que tuvo acceso Prensa Latina, la AAJ señala que González fue “ejecutado por un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mientras era golpeado por otros efectivos, en el marco de un forcejeo con otros agentes en el que intentaba proteger a su hijo, el pasado 25 de diciembre”, según muestran imágenes y testimonios públicos.

El suceso aconteció en la barriada porteña de Villa Lugano, donde además resultó herida de bala a la esposa del constructor. La mujer se encuentra detenida en el Hospital Grierson por resistencia a la autoridad, e incomunicada.

Se trata de un hecho que reúne de manera inequívoca las características propias del gatillo fácil y que constituye una gravísima violación a los derechos humanos fundamentales, plantea la AAJ, cuya asociación continental es una organización no gubernamental con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y representación permanente ante la ONU.

Este sábado trascendió que un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8 A fue puesto a disponibilidad en el marco de la causa que investiga la muerte de Gabriel González, el ciudadano de 45 años en el asentamiento Villa 20 durante la Navidad.

La Agencia Noticias Argentinas reportó que las autoridades judiciales tomaron esa decisión “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”.

El accionar policial denunciado –sostiene la AAJ- evidencia un uso ilegítimo, innecesario y absolutamente desproporcionado de la fuerza letal, incompatible con el Estado de Derecho y con los estándares constitucionales, legales e internacionales que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad. “La función policial no habilita, bajo ninguna circunstancia, a ejecutar, castigar ni decidir sobre la vida de las personas”, recalca la Asociación de Juristas.

La Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional –en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- imponen al Estado el deber indelegable de respetar y garantizar el derecho a la vida, sostiene la AAJ-

También tiene el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas por sus agentes. “El uso de la fuerza letal sólo es admisible como último recurso, cuando resulte estrictamente inevitable para proteger una vida, extremo que manifiestamente no se verifica en los casos de gatillo fácil”, señala la agrupación.

Asimismo, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecen que toda intervención debe regirse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y rendición de cuentas, concluye la AAJ.

La Asociación Argentina de Juristas convoca a las organizaciones del ámbito jurídico y de la sociedad civil a manifestarse en el mismo sentido y a coordinar acciones conjuntas para garantizar la reparación integral y evitar la repetición de estos crímenes.

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