Mientras sus sentencias seguían en apelación, los detenidos cumplían disposiciones provisorias sin prisión preventiva.

La Policía Federal (PF) realizó sus operaciones en ocho estados y el Distrito Federal, con apoyo del Ejército debido a que seis de los acusados son militares. Entre los detenidos hay seis miembros de las Fuerzas Armadas y sus rangos van desde subteniente hasta coronel.

Tales acciones tuvieron lugar en Río de Janeiro, Sao Paulo y Espírito Santo. También alcanzaron Paraná, Goiás, Bahía y Tocantins.

Las autoridades sostienen que participaron en la coordinación logística.

Todos están vinculados a la movilización golpista de 2023. Además del arresto domiciliario, el Supremo Tribunal Federal (STF) impuso nuevas restricciones.

Los acusados no podrán usar redes sociales y tampoco podrán comunicarse con otros investigados. Sus pasaportes quedaron decomisados por orden judicial.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Filipe Martins, asesor internacional del expresidente Jair Bolsonaro y quien fue detenido en su domicilio en Ponta Grossa, Paraná.

La decisión de De Moraes fue tomada tras el reciente intento de fuga de Vasques, exjefe de la Policía Federal de Carreteras.

El exdirector, que llevaba tobillera electrónica, fue condenado a 24 años y seis meses de cárcel por su papel en la trama golpista.

Resultó detenido en la madrugada de este sábado en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, de Asunción, donde intentaba abordar un vuelo internacional con destino final en El Salvador, utilizando documentación falsificada de acuerdo con autoridades paraguayas.

Tras su captura fue conducido por agentes paraguayos con el rostro cubierto hasta el punto de entrega en el fronterizo Puente de la Amistad.

Posteriormente fue recibido por efectivos de la PF y trasladado sin capucha en un vehículo oficial. La operación se activó cuando la policía detectó la pérdida de señal de su dispositivo electrónico de rastreo. Un equipo acudió a su domicilio sin encontrarlo.

A partir de ese momento se decretó su prisión preventiva por orden de De Moraes.

Su huida llevó al STF a revisar los beneficios otorgados y el juez consideró necesario impedir nuevos intentos de evasión.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa y no se descartan nuevas órdenes judiciales.

El Gobierno afirmó que las instituciones permanecen vigilantes.

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