De acuerdo con un informe de la Fiscalía, la cifra contrasta con las mil 726 carpetas instruidas en el mismo período de 2024 y que representa un incremento cercano al 70,7 por ciento.

El auge da cuenta de una presión creciente sobre el sistema de investigación penal y de una intensificación en la tramitación de causas que llegaron a los despachos fiscales en medio de una demanda pública cada vez mayor por rendición de cuentas.

De un total de expedientes contabilizados, mil 424 corresponden a delitos contra la administración pública, lo que equivale al 48,4 por ciento del total y consolida esta categoría como la de mayor incidencia.

Le siguen los delitos contra el Orden Económico y contra el Patrimonio Económico, en ese orden, lo que evidencia el peso de las conductas vinculadas al manejo de recursos.

El desglose confirma que las investigaciones se concentran mayoritariamente en presuntas irregularidades administrativas y económicas, reforzando el perfil de la corrupción y los delitos financieros como el eje central de los casos atendidos.

Sin embargo, algunas de las investigaciones más sensibles como las abultadas plantillas de la Asamblea Nacional(parlamento) han enfrentado limitaciones por la falta de auditorías suficientes para sustentar las pesquisas.

Según la Fiscalía Anticorrupción, entre el 1 de enero y septiembre pasado se emitieron 423 solicitudes y reiteraciones de auditorías especiales.

La estadística refleja el ritmo acelerado de las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública, un ámbito en el que los informes de la Contraloría General de la República resultan clave para sustentar imputaciones y llevar los casos a etapas procesales más avanzadas.

Sin embargo, la Contraloría solo remitió 116 informes de auditoría en ese período, de los cuales únicamente 53 corresponden a solicitudes formuladas durante 2025.

Esto significa que apenas el 12.5 por ciento de las auditorías requeridas ese año ha sido entregado, un indicador que evidencia obstáculos al desempeño del Ministerio Público.

De otro lado, según revela un informe del diario La Prensa, se suma que este año se presentaron al Legislativo dos iniciativas anticorrupción, las cuales fueron rechazados en la Comisión de Gobierno, presidida por el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido gobernante Realizando Metas.

Uno de los proyectos proponía la creación de una ley marco anticorrupción y reformas al Código Procesal Penal para modernizar los mecanismos de investigación y sanción de estos delitos, pero quedó archivada luego de que su primer artículo fuera rechazado, impidiendo que avanzara al segundo debate.

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