Mediante un comunicado, el alto tribunal subrayó que las circunstancias lo hacen aconsejable dados los vicios formales denunciados por quienes (Diego Sagastume y Fernando Linares) presentaron la acción legal.

De tal suerte, la CC dejó en suspenso temporalmente la aprobación por parte del Congreso el Decreto 27-2025 que contiene la Ley para el ejercicio fiscal 2026, así como lo actuado con posterioridad.

Ya días atrás los magistrados solicitaron al Legislativo un informe sobre los análisis realizados y la manera en que suscribieron el Presupuesto, con vistas a examinar más a fondo presuntas ilegalidades en el proceso.

Negaron así la entrada en vigor del Decreto el 1 de enero de 2026 como estaba programado y, en principio, el Estado deberá continuar con el vigente de 2025 hasta que se resuelva el caso.

Una amplia mayoría de diputados avalaron la Ley, bajo la figura de urgencia nacional, con un monto total de 163 mil 469 millones de quetzales, más de 21 mil millones de dólares, un incremento notable respecto del Presupuesto anterior, otro récord para el país.

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo defendió la aprobación, al argumentar que permitirá fortalecer la inversión pública, impulsar proyectos de desarrollo y promover el crecimiento económico.

Organizaciones como la Cámara del Agro señalaron la falta de transparencia del Legislativo y consideraron que se replicaron “prácticas opacas del pasado”, especialmente en un año preelectoral.

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