Tanto el Gobierno como las empresas operadoras de la vía férrea al santuario inca de Machu Picchu, en la que se produjo el choque cuyo saldo fue un maquinista muerto y 107 heridos de diversas nacionalidades, coinciden en el esfuerzo de manejar la crisis que puede afectar al mayor atractivo turístico.

“El Estado no puede decir que todo está bien. Hay debilidades que debemos corregir”, sostuvo el jefe de Estado, al señalar que faltó prontitud para atender a los pasajeros de los trenes y que lo sucedido servirá para mejorar en ese aspecto.

Entretanto, las dos empresas concesionarias de la vía férrea que lleva desde Cusco, capital de la región del mismo nombre, hasta Machu Picchu, reportaron el reinicio del servicio, aunque no su normalización plena.

Las autoridades dieron cuenta de la evacuación exitosa de cerca de dos mil turistas nacionales y extranjeros que, debido al bloqueo de la vía férrea, habían quedado varados en el pueblo de Machu Picchu, ubicado al pie de la montaña en cuya cumbre está la pétrea ciudad inca.

Entretanto, el jefe de la Policía Nacional de Cusco, general Julio Becerra, confirmó a la prensa local que un maquinista, dos ayudantes y un guardafrenos están detenidos y dejó abierta la posibilidad de que haya mas arrestos.

Uno de los maquinistas. Roberto Cárdenas, murió a consecuencia del impacto, pero la mortandad pudo ser mucho mayor, de no ser porque se produjo en una curva, en la que las máquinas disminuyen la velocidad.

El ex ministro de Comercio Exterior José Silva sostuvo que lo sucedido no afecta al turismo y acusó al gobernador de la región de Cusco, Werner Salcedo, de politizar el accidente.

Calificó así declaraciones de Salcedo que vincularon lo sucedido por el exceso de manejo meramente comercial de Machu Picchu, que en su opinión descuida la gestión cultural y la seguridad de los visitantes.

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