En una declaración conjunta, las agrupaciones señalaron que “en un momento en que la necesidad es mayor en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, esa medida restringe el acceso a la ayuda vital”.

El plan también socava la acción humanitaria, pone en peligro al personal y a las comunidades y compromete la prestación eficaz de ayuda, subrayaron.

Recordaron que “garantizar el acceso a la ayuda humanitaria es una obligación legal, no una opción discrecional”.

Entre las organizaciones que firmaron la declaración se encuentran B’Tselem, el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, el Centro Legal para la Libertad de Movimiento e Ir Amim.

También el Centro para la Defensa del Individuo, el Fondo de Defensores de los Derechos Humanos, Mujeres contra la Ocupación y por los Derechos Humanos, Médicos por los Derechos Humanos en Israel y el Comité Público contra la Tortura en Israel.

El 1 de marzo del pasado año, el gobierno israelí adoptó una norma que exige a las ONG internacionales presentes en los territorios palestinos una serie de documentación e identificar a todos sus empleados con el pretexto de “prevenir la infiltración de agentes terroristas en estructuras humanitarias”.

El gobierno otorgó un plazo de 10 meses para su cumplimiento, una fecha que venció el 1 de enero, por lo cual 37 de ellas deberán cesar sus actividades antes del 1 de marzo por no cumplir la orden.

Las organizaciones denunciaron la medida porque viola los principios del derecho internacional humanitario.

Mientras, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó de escandalosa la decisión y llamó a la comunidad internacional a presionar a ese país.

Entre los grupos afectados están World Vision Internacional, Oxfam y Médicos Sin Fronteras.

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