Supremo de Panamá con grandes desafíos para 2026

Ciudad de Panamá, 2 ene (Prensa Latina ) La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá inicia hoy una nueva gestión con grandes desafíos entre ellos casos de corrupción de alto perfil y el tema minero.

Por cuarta ocasión, el Órgano Judicial de Panamá acordó posponer para el próximo 12 de enero el juicio por el caso Odebrecht, con 26 impugnados, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014)- pero asilado en Colombia-; y Juan Carlos Varela (2014-2019).

En el comunicado de la jueza Baloisa Marquínez se precisa que optó por celebrar el juicio en la fecha alterna, debido a que no se ha podido ubicar la dirección y notificar de la vista al expresidente Martinelli.

Tampoco esa instancia había recibido las asistencias judiciales requeridas a Brasil y Perú, en las que se solicitaba tomar declaración a varios testigos, agrega la nota.

En Panamá, Odebrecht pagó más de 59 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios de alto rango e intermediarios, según revelaron las investigaciones judiciales.

El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.

Con la asunción de dos nuevos magistrados desde este viernes, el Supremo elegirá nueva directiva, hasta la fecha a cargo de María Eugenia López, pero deberá decidir sobre un fallo de 2023, tras 38 días de protestas masivas y cierres de calle a nivel nacional, cuando la CSJ sentenció que el contrato entre el Estado y la trasnacional canadiense First Quantum era inconstitucional.

El gobierno de turno de Laurentino Cortizo (2019-2024) decretó también una moratoria minera, pero ahora la administración de José Raúl Mulino ha sido clara en su intención de reactivar el proyecto de cobre en Donoso(Colón).

Aún se desconocen los términos que tendrá el nuevo contrato, si será una versión modificada del anterior (al que se le encontraron unos 25 puntos inconstitucionales) o una completamente nueva.

Lo cierto es que la probabilidad de que el acuerdo entre la minera y el Estado sea demandado ante la Corte es alta, y le tocará a los magistrados decidir sobre este tema de interés nacional.

mem/ga

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