La petición se tramita en el Segundo Juzgado Civil de Brasilia e incluye una solicitud de indemnización de 30 mil reales (unos cinco mil 550 dólares).

En la demanda, el PT alega que el legislador del conservador Partido Liberal, el mismo de su aliado, el exmandatario Jair Bolsonaro, excedió los límites de la libertad de expresión y la inmunidad parlamentaria al difundir contenido que considera falso y ofensivo.

Argumenta que, sin fundamento fáctico ni jurídico, Bilynskyj utilizó un episodio de gran repercusión internacional para construir una narrativa que vincula al PT con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico.

De acuerdo con el movimiento de izquierda más grande de América Latina, atribuir a un partido un vínculo con actividades delictivas sin pruebas constituye una grave ofensa a su reputación.

El epígrafe indica de igual manera que este tipo de conducta se agrava al ocurrir en un período preelectoral, con el potencial de distorsionar el debate democrático y confundir a los votantes. Los brasileños acudirán a las urnas el 4 de octubre.

Además de la solicitud de indemnización, el PT solicita una decisión judicial urgente para que las publicaciones sean retiradas de Internet, argumentando que mantener el contenido daña aún más la imagen del partido.

Según el grupo político, la inmunidad parlamentaria no puede utilizarse para justificar la difusión de información falsa ni ataques ajenos al ejercicio del mandato. La publicación fue realizada por Bilynskyj en su perfil de la red social Instagram.

En el video, el congresista afirma que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del PT, «debe ser arrestado» y sugiere que el partido fue financiado con fondos del narcotráfico.

La publicación muestra además una imagen de Lula junto a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

Este episodio ocurre tras la reciente ofensiva militar estadounidense en Venezuela. La operación resultó en el secuestro de Maduro, acusado sin pruebas por las autoridades estadounidenses de estar involucrado en el narcotráfico internacional.

Tras la operación, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan un proceso judicial.

Para el PT, el uso de este contexto internacional por parte del congresista distorsiona los hechos e intenta vincular al partido con delitos graves, lo que va más allá de la crítica política legítima y constituye un acto ilegal sujeto a reparación judicial.

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