Bajo gritos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro incursionaron y saquearon el 8 de enero de 2023, los edificios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Palacio Presidencial.
Los detenidos por los actos violentos fueron acusados por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, asociación criminal armada, daños calificados y deterioro del patrimonio declarado.
Más de 800 personas se registran condenadas hasta finales de 2025 por su participación en los episodios golpistas (incluye sentencias en distintos procesos judiciales).
El STF estableció además el pago de una multa de 30 millones de reales (unos seis millones de dólares), dividido entre todos los acusados, por daños colectivos.
Fuentes oficiales informaron que no se espera que el evento en el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en esta capital, reúna a la cúpula del Congreso Nacional ni cuente con una representación significativa de ministros del STF.
El objetivo de la ceremonia es defender la democracia y las instituciones brasileñas, y reafirmar que lo ocurrido en 2023 no puede olvidarse.
Los presidentes de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, y del Senado, Davi Alcolumbre, informaron que no asistirán. Además, existe la expectativa entre los partidarios del gobierno de que Lula anuncie su veto al llamado Proyecto de Ley de Sentencia, que reduce la pena de Bolsonaro y otros involucrados en la trama golpista.
Tal propuesta fue aprobada en el Congreso Nacional, en medio de críticas gubernamentales.
La decisión de vetar o no el texto divide al Planalto. Por un lado, sus asesores argumentan que esto no debería ocurrir en esa fecha para evitar fricciones en la relación con el Parlamento, en un momento en que el Ejecutivo busca estrechar lazos con el mando del Poder Legislativo.
Hasta el día 12 tiene Lula para vetar la iniciativa. Por otro lado, un sector del Gobierno aboga por usar la fecha precisamente para darle más peso y simbolismo político a la decisión de vetar.
En más de una ocasión, el fundador del Partido de los Trabajadores ha dejado claro que «no hay perdón para quien atente contra la democracia, contra su país y contra su propio pueblo».
Según Lula, no se concretó una asonada en Brasil en enero de 2023 porque faltó adhesión de las Fuerzas Armadas y el expresidente era un cobarde.
Desde el 22 de noviembre, Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de cárcel por tentativa golpista.
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