En una sesión extraordinaria que arrancó en la tarde del jueves y culminó después de la medianoche, unos 68 diputados, en su mayoría del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), aprobaron este viernes una iniciativa para que se abran todas las urnas de los cuestionados comicios.

Convocada por el titular del Congreso, Luis Redondo, a la sesión del pleno no asistieron las bancadas de los derechistas partidos Nacional y Liberal, principales fuerzas de la oposición, que sí reconocieron los resultados finales de la contienda emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 30 de diciembre.

La resolución, que demanda el conteo voto por voto de un proceso salpicado por múltiples irregularidades y denuncias de fraude, se convertirá en ley una vez sea publicada en el diario oficial La Gaceta, adelantó Redondo, quien calificó de histórica la sesión.

El pleno fue convocado para analizar un informe jurídico elaborado por una comisión especial del legislativo sobre los presuntos incumplimientos del CNE antes, durante y después de la atropellada contienda.

“Nosotros no estamos anulando las elecciones, simplemente estamos pidiendo que se abran las 19 mil 167 juntas receptoras de votos para conocer la voluntad popular, a qué le tienen miedo”, preguntó el presidente del Congreso, en alusión al bipartidismo, encarnado por nacionalistas y liberales.

Con esta decisión, aclaró el líder del legislativo, el Parlamento hace uso de las facultades que la Constitución le otorga y ordena al árbitro de los comicios que concluya el escrutinio de todas las actas.

“El rol de este Congreso se activa como una función constitucional, orientada exclusivamente a concluir el escrutinio pendiente. No se trata de sustituir políticamente al órgano electoral”, expuso el diputado de Libre Ramon Barrios, quien tuvo a su cargo la presentación del análisis.

“El eje jurídico del presente informe es precisamente ese, que el escrutinio no ha concluido”, subrayó Barrios, en referencia a la declaratoria oficial divulgada por el CNE, que certificó los resultados sin contabilizar miles de urnas con inconsistencias e ignorar numerosas impugnaciones de candidatos.

De acuerdo con el congresista, las declaratorias emitidas por el ente electoral en todos los niveles electivos (presidencial, diputaciones y corporaciones municipales) carecen de base jurídica, al no estar respaldadas por un escrutinio completo.

Entre los principales señalamientos del informe figuran múltiples anomalías en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de los comicios, así como en el uso del dispositivo biométrico, graves infracciones que comprometieron la transparencia del proceso.

Además, el análisis jurídico condenó los pronunciamientos del mandatario estadounidense, Donald Trump, a favor del proclamado presidente electo, Nasry Asfura, del Partido Nacional, al considerarlos una injerencia en los asuntos internos de Honduras y un intento de condicionamiento al electorado.

“Pueblo hondureño, no podemos permitir el robo de las elecciones por medio de un monumental fraude electoral en que se violentó el derecho del libre sufragio, injerencia extranjera (de Trump) y corrupción del TREP”, sentenció Redondo.

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