La obra, estrenada ayer en Lima y las ciudades sureñas de Juliaca, Cusco, Puno y Arequipa, fue relegada a horarios poco concurridos y escasas salas de proyección por la cadena privada Cineplanet, según denuncia del director, Javier Corcuera, y las productores del filme.

El hecho dio pie a la condena de organizaciones sociales, parlamentarios y otras personalidades para las que el documental ha sido discriminado por ser una obra que abona a la consolidación de la memoria de lo ocurrido el 9 de enero de 2023.

La matanza de Juliaca formó parte de las 50 muertes registradas durante las protestas en diversas regiones tras el ascenso de la vicepresidenta Dina Boluarte a la jefatura del Estado, en reemplazo del mandatario Pedro Castillo, encarcelado y destituido por el Parlamento por intentar disolverlo.

El director Corcuera, ante el maltrato a la película, retirada en el sur del país, pidió a la empresa exhibidora que reanuden la proyección del filme en ese territorio y lo ofrezcan en Lima en horarios que permitan la asistencia del público.

“Muchas veces la censura aparece de forma solapada y no podemos permitir que esto suceda”, dijo el cineasta y advirtió que, de no ser atendida su solicitud, analizará con los productores el retiro de la película y buscarán otra forma de exhibirla.

La Asociación de Familiares de Víctimas y Heridos por la represión de hace tres años, llamó a exigir a Cineplanet que atienda el reclamo de Corcuera y los productores. “Basta de callar nuestras voces”, señalan ante el hecho de que el documental recoge declaraciones de familiares de los caídos.

La congresista Sigrid Bazán calificó el trato dado a Cineplanet como “un terrible acto de censura” y un intento de silenciar la memoria e invisibilizar a las víctimas que aún esperan justicia”.

“Los grupos de poder quieren silenciar la memoria del pueblo, no lo lograrán”, comentó el congresista Jaime Quito, en alusión a que la cadena Cineplanet pertenece al grupo financiero y empresalrial de Carlos Rodríguez Pastor.

La censura, afirmó la parlamentaria Ruth Luque, apunta a que “no se vuelva a hablar de los responsables y de las víctimas; no quieren escuchar, quieren que olvidemos”.

“‘Uyariy’” significa escuchar, no como gesto pasivo, sino como acto político. Escuchar a los pueblos históricamente explotados, silenciados por un Estado que protege el orden del capital y criminaliza la protesta popular”, dice la presentación de la película, que muestra que la memoria de lo ocurrido permanece en cantos en aymara y quechua.

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