En un comunicado, varios colectivos cuestionaron el acuerdo firmado el 6 de diciembre de 2025 por el presidente Daniel Noboa, que incluye mecanismos de resolución de disputas entre inversionistas y el Estado.

Según las organizaciones, este tipo de cláusulas comprometen la soberanía jurisdiccional del país y restablece privilegios para inversionistas extranjeros, con efectos negativos en el ámbito fiscal, regulatorio y democrático.

Recordaron que el arbitraje internacional fue rechazado de forma expresa por la ciudadanía en el referéndum y consulta popular del 21 de abril de 2024, cuando el 64,88 por ciento votó en contra de reconocer ese mecanismo para controversias de inversión, contractuales o comerciales.

Señalaron además que el 16 de noviembre pasado la población volvió a pronunciarse contra la posibilidad de una nueva Constitución, proceso que —según indicaron— rebriría los candados constitucionales que impiden la reinstalación de tratados bilaterales de inversión.

Para los firmantes, ambos resultados configuran un mandato democrático claro que no puede ser eludido mediante acuerdos internacionales.

El pronunciamiento también señala que múltiples países y regiones han abandonado los tratados bilaterales de inversión y el sistema de arbitraje internacional, entre ellos Estados de la Unión Europea, así como India, Indonesia, Sudáfrica y Tanzania.

De acuerdo con el comunicado, esas decisiones responden a la evidencia de que el arbitraje internacional incrementa los riesgos fiscales, genera congelamiento regulatorio y debilita la capacidad de los Estados para proteger derechos, el ambiente y los recursos naturales.

Las organizaciones advirtieron que, en el caso ecuatoriano, estas cláusulas podrían operar como un candado contra políticas públicas ambientales, laborales y tributarias, especialmente en sectores extractivos, trasladando riesgos al erario público.

Entre los firmantes están el Observatorio de Clima y Finanzas, el colectivo, el Centro de Derechos Económicos y Sociales, el Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ”, el movimiento Tierra y Vida, el Observatorio de la Dolarización, entre otros.

El mes pasado, el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo declaró a la prensa local que están conscientes de que la Corte Constitucional debe dar el visto bueno al acuerdo con Emiratos árabes Unidos y señaló que en este caso se trata de un tratado de inversiones y no de comercio.

Si la Corte determina que es constitucional lo pactado con EAU, el documento, antes de entrar en vigor, deberá obtener el visto bueno de la Asamblea Nacional (Parlamento), que cuenta con mayoría oficialista.

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