La institución quedó inaugurada en 1980, en plena dictadura militar (1973-1990), con el objetivo de brindar protección a este sector de la población en estado de riesgo o abandono, y colaborar con el aparato judicial en el tratamiento de infractores del sistema legal.

Sin embargo, con el paso de los años proliferaron denuncias por malos tratos, escasa alimentación, pésimas condiciones de vida y otros hechos de extrema gravedad, que incluso provocaron la muerte de la niña Lissette Villa en abril de 2016.

Un informe entregado por la Policía de Investigaciones en 2017, que abarcó 240 hogares de acogida reveló que en la totalidad de los centros administrados por el Sename y el 88 por ciento de los gestionados por particulares se constataron abusos, parte de ellos de connotación sexual.

Lo peor, incluso, es que el documento entregado al gobierno y al Ministerio Público nunca salió a la luz, denunció el Centro de Investigaciones Periodísticas.

Esta entidad concluyó que en las entidades del Estado de Chile ocurrían violaciones sistemáticas de los derechos de los niños que estaban bajo su protección.

Con el propósito de remediar esta situación, fue creado en 2021, durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, dependiendo de la cartera de Desarrollo Social y Familia.

Más tarde, en 2023, ya bajo la administración de Gabriel Boric, se estableció el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, tutelado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Serán estas dos instituciones las que asumirán el trabajo del Sename, el cual, según las informaciones conocidas, fracasó en el objetivo de brindar seguridad a la infancia y la adolescencia en estado de indefensión.

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