Alta Verapaz se posicionó como el departamento con el mayor número de fallecidos por negligencias, subrayó el secretario de política criminal del Ministerio Público, Melvin Portillo.

En una citación al Congreso, el funcionario remarcó como otros factores determinantes en los hechos el deterioro de la red vial, la falta de controles efectivos y que la legislación vigente resulta insuficiente.

Ante la situación, un editorial del diario local La Hora recordó que en 2016 se emitió un decreto que obligaba a los propietarios o representantes legales de las empresas de transporte a implementar sistemas limitadores de velocidad.

Sin embargo, expuso, ahora, 10 años después, las autoridades -por fin- deciden que hay que ponerlo en práctica ante la ola de accidentes, sobre todo de buses extraurbanos, que han cobrado miles de vidas.

Es cierto –acotó el texto- que únicamente la ley no cambiará la realidad de nuestro sistema de transporte, pero sin duda que ayudará en alguna medida para reducir los percances mortales.

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Transporte, iniciará operativos a partir del próximo jueves para verificar el complimiento de la norma y el el Certificado de Funcionalidad y Revisión Física y Mecánica.

El transporte pesado tendría como fecha límite para contar con controladores de velocidad el 1 de marzo de 2026, según información legislativa reciente.

El costo de implementar los reguladores es mínimo frente al impacto social, aseveró el viceministro de Transporte, Fernando Suriano.

La imprudencia al volante y la falta de control en las carreteras elevan cada vez más el número de accidentes, provocan luego alta carga vehicular y, lo peor, desangran a Guatemala, advirtieron expertos.

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