Ante una pregunta de la prensa sobre la declaración de Ibáñez, actualmente magistrada de la Corte Penal Internacional, de que la Cancillería peruana no promueve su postulación anunciada en marzo pasado, Zela respondió que su país ya no impulsa la postulación y la principal razón es que la fiscal ha sido sancionada en la CPI.

No precisó que la magistrada integrante de la Corte Penal Internacional fue sancionada por el gobierno de Donald Trump por haber aprobado una investigación de la CPI sobre violaciones de derechos humanos en Iraq durante la ocupación norteamericana.

Tal medida “constituye una amenaza para la seguridad nacional y ha servido como instrumento de guerra jurídica contra Estados Unidos y nuestro estrecho aliado, Israel”, según alegó el Departamento de Estado norteamericano, al anunciar las represalias contra Ibáñez y otros magistrados de la CPI.

Las sanciones se anunciaron en junio de 2025, después de que la CPI emitió órdenes internacionales de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino.

Las medidas consisten en restricciones diplomáticas, económicas y administrativas que afectan a la jueza y su familia, residentes en La Haya desde hace ocho años.

En recientes declaraciones, dio detalles sobre las afectaciones personales y familiares de las sanciones norteamericanas que llegaron al extremo de anularle sus tarjetas bancarias y su acceso a compras por Internet, reservas de hoteles y pasajes aéreos y cualquier operación financiera.

No puede enviar dinero a sus familiares en Perú y no solo le cancelaron la visa de ingreso a Estados Unidos, que tenía desde la edad de 16 años, sino también se la anularon a su hija que trabaja en Europa.

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