Tras intensas protestas populares, la empresa subsidiaria de la trasnacional canadiense First Quantum detuvo allí operaciones luego de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de noviembre de 2023, que declaró inconstitucional un contrato suscrito con el Estado.

Una encuesta elaborada por la firma Prodigious Consulting para el diario La Estrella de Panamá, revela que en el 64,9 por ciento de la ciudadanía manifestó estar en desacuerdo con la reapertura de la mina, aun si se planteara bajo mejores términos y condiciones contractuales.

En contraste, solo el 29,9 por ciento expresó estar de acuerdo, lo que confirma que el rechazo no es coyuntural, sino estructural, según el informe.

Esta postura se mantiene pese a los argumentos que vinculan la minería con la generación de empleo y el crecimiento económico.

Para una mayoría de los encuestados, los costos ambientales y sociales superan los beneficios potenciales, especialmente en un país donde la protección de los recursos naturales se ha convertido en una demanda cada vez más visible.

El rechazo a la reapertura también se refleja en la percepción sobre sus efectos económicos.

Un 58,3 por ciento de los encuestados considera que la economía de Panamá y de los panameños no mejoraría con la apertura de la mina, frente a un 35,8 por ciento que cree que sí tendría un impacto positivo.

En un contexto donde el costo de vida y la falta de ingresos suficientes figuran entre las principales preocupaciones ciudadanas, la minería no es vista como una solución eficaz para aliviar esas presiones, lo que sugiere un desgaste del discurso económico tradicional asociado a este tipo de proyectos, precisa el estudio.

Para una parte significativa de la población, los beneficios económicos prometidos no se traducen en mejoras tangibles en la vida cotidiana, mientras que los riesgos ambientales se perciben como permanentes y difíciles de revertir.

El pasado 2 de enero en un mensaje a la nación desde el Legislativo, el presidente de la República, José Raúl Mulino, adelantó que espera los resultados de una auditoría ambiental para someter a consulta popular el futuro de mina.

Mulino aseveró que su administración respeta un principio: gestión responsable de los recursos naturales, la conservación del ambiente y la protección del entorno natural como pilares imprescindibles para el futuro de Panamá.

Según explicó, analizaron con responsabilidad y rigor técnico, los desafíos derivados del cierre de la mina de cobre y aprobaron el Plan de Gestión Segura para salvaguardar la seguridad física y ambiental del sitio.

En ese sentido, resaltó que se logró la suspensión de los arbitrajes internacionales y que realizan un audito integral de la mina y su operación.

Aún quedan miles de toneladas de material rocoso, que fueron extraídos antes del cierre de la operación, y que su permanencia prolongada, sin los procedimientos adecuados, pueden presentar un riesgo ambiental, agregó entonces.

Por esta razón, dijo, instruyó a las autoridades competentes, bajo criterios estrictamente técnicos, ambientales y legales, la coordinación, procesamiento y exportación de ese material.

Esta medida no significa la apertura o reactivación de la mina, según explicó. Se trata de resolver temas pendientes del pasado, preservar el ambiente y recuperar recursos.

Adelantó que para hablar sobre el futuro de la mina, se debe esperar los resultados del audito y la opinión de los expertos internacionales que determinarán la viabilidad o no de un proyecto que siempre debe ser sostenible y beneficioso a los intereses del país.

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