Recientemente, la Agencia de la ONU para la población refugiada de Palestina (Unrwa) informó que fuerzas israelíes irrumpieron en una de sus instalaciones en Jerusalén Este y ordenaron el cese de sus actividades durante 30 días, lo cual deja a miles de personas sin acceso a la atención médica primaria.

Además, dicho ente señaló que los suministros de agua y electricidad en sus centros, incluidos los destinados a la educación, podría ser cortados en las próximas semanas, como consecuencia de una legislación aprobada por el parlamento de ese país.

Esos acontecimientos se producen en el marco de una ofensiva jurídica contra Unrwa sin precedentes, indicó ese organismo y detalló que sufrió otros ataques como la interrupción de las comunicaciones, la incautación de bienes y la sustitución de la bandera de la ONU por la de Israel, hechos que conllevaron a la evacuación de su personal.

Las acciones emprendidas constituyen una flagrante violación del derecho internacional. En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia dictaminó que Israel tiene la obligación de facilitar la labor humanitaria de la Unrwa, aseveró.

Por su parte, el portavoz de la agencia, Jonathan Fowler, precisó que el centro de salud cerrado recibía cada día a cientos de refugiados, muchos de ellos sin posibilidad de acceder a otro tipo de atención.

Además, consideró que el inminente corte de agua y electricidad es “un gesto antihumanitario en muchos sentidos, particularmente impactante”.

“Estas medidas son vergonzosas y es fundamental que haya conciencia global sobre lo que está sucediendo porque esto va mucho más allá de Jerusalén Este”, afirmó.

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