La crisis poselectoral escaló en las últimas horas con la intervención de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien urgió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que resuelva de forma urgente el diferendo provocado por el dictamen parlamentario, aprobado el pasado viernes por el Parlamento.
Durante la supervisión de uno de los ocho hospitales que dejará como herencia al próximo gobierno, Castro hizo énfasis la víspera en el decreto legislativo que exige al Consejo Nacional Electoral (CNE) contar las actas que no fueron procesadas.
Subrayó que mantener ese tema sin resolver alimenta la incertidumbre política y social, a escasos 12 días de concluir su mandato de cuatro años y traspasar el mando a Nasry Asfura, proclamado presidente electo por el CNE en los comicios del 30 de noviembre, eclipsados por múltiples anomalías y denuncias de fraude.
“No quiero que este período de gobierno finalice con los problemas que estamos viviendo. Es importante que tanto las instituciones electorales como las demás instancias del Estado resuelvan el conflicto que hoy tenemos”, expresó la mandataria.
“Con toda la prudencia y el respeto quiero enviarle un mensaje a la Corte: resolvamos este conflicto, hagamos todos los esfuerzos que sean necesarios, lo pueden hacer y rápidamente. El pueblo hondureño sabe lo que pasó en este proceso electoral, lo conoce perfectamente”, sostuvo.
Para no dejar margen a dudas y en respuesta a sectores de la oposición de derecha, la dignataria ratificó que su compromiso con la Constitución es firme y no pretende extender su gestión bajo ninguna circunstancia.
“El 27 de enero estaré entregando y retirándome de mi período de gobierno como manda la Constitución: ni un día más ni un día menos”, recalcó.
En esa línea, apremió a las autoridades rectoras de la cuestionada contienda (CNE y Tribunal de Justicia Electoral) a contar los votos de todos los hondureños que acudieron a las urnas, tal y como lo estableció el Congreso Nacional (Parlamento).
De forma respetuosa, la mandataria instó a la CSJ a resolver la crisis y garantizar la obediencia a la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Finalmente, opinó que se cumplieron con exactitud los 26 audios divulgados en octubre de 2025 por la Fiscalía, en los cuales se reveló un plan de la derecha para boicotear los comicios, en detrimento de un eventual triunfo del gobernante Partido Libertad y Refundación (izquierda).
Durante el fin de semana, Castro se refirió a su decisión de refrendar el decreto legislativo (lo que lo convirtió en ley), rechazado por el llamado bipartidismo, encarnado por los partidos Nacional y Liberal.
Entre las razones de su respaldo al dictamen mencionó que el CNE se negó injustificadamente a realizar el escrutinio de cuatro mil 774 actas, que representan el voto de un millón 558 mil 689 ciudadanos en los tres niveles electivos (presidencial, municipal y diputaciones), detalló.
Según su criterio, esta omisión usurpa la soberanía popular, al desconocer sin causa legal el voto de más de un millón de los 3,8 millones de hondureños que acudieron a las urnas.
Además, recordó que el organismo electoral no resolvió 292 impugnaciones presentadas en tiempo y forma a nivel nacional, relacionadas con inconsistencias, adulteración de actas, votos planchados y urnas infladas.
ro/edu
