En el proceso ahora por el delito de blanqueo de capitales aparecen imputados los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014), ahora asilado en Colombia; y Juan Carlos Varela ( 2014-2019), aunque este al igual que los dos hijos de Martinelli por ser diputados del Parlacen deben ser evaluados por la Corte Suprema de Justicia
La víspera, la fiscal Anticorrupción Ruth Morcillo dijo a la prensa que el Estado panameño ha recuperado más de 84 millones de dólares, que eran parte de los sobornos de la constructora brasileña para apropiarse de contratos con el Estado.
De los más de 84 millones de dólares recuperados un total de 70 millones de dólares son los que han pagado la empresa por la multa que le fue impuesta, indicó.
Además, alrededor de 10.3 millones de dólares fueron recuperados luego de los acuerdos de arreglo de pena con algunos de los imputados, precisó la letrada.
Morcillo detalló que durante este proceso se han localizado e incautado cuentas en el extranjero de los involucrados en el cobro de sobornos de la compañía.
Durante la explicación sobre esas pruebas Morcillo detalló a los medios de comunicación que esa documentación fue obtenida mediante la asistencia judiciales internacionales, entre ellos Estados Unidos y Perú.
Al presentarse estas pruebas documentales los equipos de la defensa de los presuntos implicados solicitaron a Marquínez revisarlos; de ahí la decisión del receso hasta el miércoles 21 de enero.
Esta investigación se abrió en 2015, pero fue archivada, y luego reabierta en 2017 – momento en que la empresa confesó en Estados Unidos que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.
En Panamá Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el istmo.
Para los analistas, el inicio del juicio Odebrecht coloca al sistema de justicia frente a una prueba que trasciende lo penal. No se trata solo de juzgar hechos del pasado, sino de responder a una exigencia presente: demostrar que la ley alcanza a todos y que la impunidad no es la norma.
El escándalo de corrupción de la constructora brasileña dejó condenas judiciales firmes en varias naciones de la región, luego de complejas investigaciones que documentaron el pago de sumas millonarias en sobornos distribuidos en al menos 12 países de América Latina.
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