En un comunicado divulgado en esta capital, la cartera ministerial rechazó incurrir en cualquier evento relacionada con un suceso de esa naturaleza y difundió los hallazgos encontrados por una comisión investigadora conformada después de que Idárraga expuso el tema ante la opinión pública.

Refirió que el supuesto documento “Misión de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia”, sobre la que especularon medios de comunicación y redes sociales, no fue expedido, suscrito ni autorizado por la entidad, ni corresponde a acto administrativo, orden, directriz, procedimiento o instrucción alguna emanada por instituciones del sector defensa.

“En consecuencia, la información difundida es falsa y el documento presenta inconsistencias formales, técnicas y sustanciales, incompatibles con los protocolos institucionales y la normatividad vigente”, sostuvo.

Enfatizó que la elaboración y divulgación de dicho documento podría constituir una conducta punible, en los términos del Código Penal colombiano, razón por la cual corresponde a las autoridades competentes investigar el esclarecimiento de los hechos y la determinación de eventuales responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.

Por otra parte, acotó que respecto al señalamiento realizado al sargento viceprimero Darwin Ramírez como presunto ejecutor de órdenes de seguimiento supuestamente emanadas del Ministerio de Defensa Nacional, “se aclara de manera categórica que las entidades del sector defensa no emiten ni toleran la emisión de órdenes ilegales de seguimiento”.

De igual forma, precisó que el Ramírez no desempeña funciones relacionadas con “Misiones de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia”, ni ha trabajado en ellas.

El Ministerio comunicó que el informe revelado hoy es resultado de las inspecciones internas desarrolladas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional los días 13, 14 y 15 de enero de 2026.

El pasado día 13, el ministro de Justicia reveló en su cuenta de la red X que un informe forense habría confirmado que el software Pegasus fue usado ilegalmente para espiarlo a él y a su familia.

“La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, señaló.

Refirió el titular que el propósito era armar una campaña de desprestigio en su contra por la información que recibía sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares.

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