Mediante un comunicado, la cartera de Interior confirmó las alteraciones en los dos primeros, de esta capital, y en la de máxima seguridad ubicada en el occidental departamento de Escuintla, una reacción –dijo- a sus decisiones firmes.

Dentro de estas, mencionó la de retirar los privilegios a líderes de estructuras criminales y no acceder a sus presiones ni exigencias.

Las acciones son consecuencia de una política clara: en el país no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado, tampoco se tolera que grupos que sembraron violencia pretendan imponer sus condiciones, acotó el organismo de Estado.

Las fuerzas de seguridad civil –precisó-, con apoyo del Ejército, mantienen control perimetral total y se ejecutan, de manera prioritaria, coordinada y contundente, los protocolos operativos para restaurar plenamente el orden, proteger el personal y garantizar la seguridad de las áreas circundantes.

Desde el primer momento se activaron los procedimientos institucionales correspondientes para resguardar la integridad de todos los involucrados y asegurar que la situación sea atendida con profesionalismo, describió el Mingob.

La seguridad y la paz de todas y todos los guatemaltecos son prioridad absoluta y se defienden con autoridad, decisión y responsabilidad, concluyó el mensaje.

Medios locales de prensa calificaron de tenso el panorama por la retención por parte de los privados de libertad de guardias del sistema penitenciario y que causaron importantes destrozos e incendio.

En las redes sociales circulan reclamos de los reos, como traslado de determinadas prisiones de ciertas pandillas, además de amenazas con alterar el orden en las calles.

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