El informe trimestral, que abarca el período comprendido del 27 de septiembre al 26 de diciembre de 2025 y será presentado ante el Consejo de Seguridad el viernes próximo, destacó los esfuerzos regulatorios, que derivaron en progresos significativos en la distribución de tierras durante la actual administración, según anotó.
Al respecto, apuntó que, hasta noviembre de 2025, se entregaron 291 mil hectáreas de tierras a campesinos, víctimas y mujeres rurales desde la firma del Acuerdo, lo que representa casi 10 por ciento del objetivo de tres millones de hectáreas.
Asimismo, la formalización de tierras asciende ya a tres millones 635 mil 349 hectáreas, lo que supone más de la mitad de la meta de siete millones, detalló.
Por otra parte, recordó que el Congreso aún no realiza la sesión plenaria sobre el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria, cuya creación busca agilizar la resolución de conflictos sobre la tenencia y uso de la tierra en zonas rurales.
El informe remarcó cómo, nueve años después del Acuerdo Final, más de 11 mil excombatientes aún están integrados en su proceso de reincorporación.
Consideró que el reto más acuciante versa en torno a las garantías de seguridad y alertó sobre el registro del asesinato de tres firmantes de paz en los departamentos de Meta y Valle del Cauca, lo que elevó a 45 el total de homicidios verificados en 2025; un aumento del 36 por ciento en comparación con 2024.
El análisis señaló que, pese al deterioro de la situación de seguridad, la coordinación eficaz entre las autoridades nacionales y territoriales permitió realizar en 2025 al menos 70 evacuaciones de emergencia de excombatientes que se enfrentaban a riesgos inminentes. Desde la firma del Acuerdo Final, 487 excombatientes perdieron la vida de manera violenta y 168 fueron víctimas de intento de homicidio, divulgó.
Guterres mostró su preocupación por la situación de reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de actores armados ilegales y resaltó que tal acción constituye una grave violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Acogió con satisfacción la reciente adopción del decreto ejecutivo que confiere carácter vinculante al Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad.
“La paz en Colombia es tanto un anhelo nacional como una inversión colectiva en la estabilidad, que beneficia a la región y al mundo. (…) Es esencial que todas las partes involucradas pasen de las palabras a la acción, para garantizar que la aspiración de paz y seguridad se convierta en una realidad duradera”, expresó Guterres.
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