La víspera, Lecornu anunció alegando “pesar y amargura” que esgrimirá el polémico acápite, el que se había comprometido en septiembre a no emplear, ante la imposibilidad de lograr un acuerdo para dotar al país de la Ley de Financiación del Estado para el año en curso, norma que no pudo aprobarse en diciembre por la crisis y la polarización política imperantes.
En ese sentido, dijo asumir la responsabilidad del Gobierno ante la ausencia del presupuesto, y que comenzaría este martes por utilizar el 49.3 para adoptar la partida de ingresos.
Desde que el oficialismo perdió en Francia la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, en 2022, se convirtió en una práctica de los primeros ministros activar este artículo para conseguir la Ley de Financiación del Estado, desatando denuncias de una buena parte de la oposición.
Sin embargo, Lecornu propuso no hacer lo mismo en 2025 para propiciar el debate y el voto parlamentarios en diciembre, como señal de buena voluntad, consciente de que sus dos predecesores en el cargo fueron derrocados, Michel Barnier censurado en diciembre del 2024 y François Bayrou en septiembre del año pasado, después de que la Asamblea le negara la confianza.
El Gobierno acusa a La Francia Insumisa (LFI) y a Agrupación Nacional (RN), partidos a los que identifica como los extremos de izquierda y de derecha, respectivamente, de bloquear las discusiones.
Precisamente esas dos fuerzas, de las más influyentes en el país, anunciaron ayer que responderán al 49.3 con nuevas mociones de censura separadas, que de prosperar alguna de ellas conduciría a la caída de Lecornu y su Gabinete.
Tanto LFI como RN responsabilizan al Gobierno por el caos imperante y la debacle de las finanzas públicas, marcadas por una deuda y un déficit estratosféricos, le atribuyen el intento de imponer un presupuesto de austeridad e insisten en que la solución es realizar elecciones anticipadas, ya sean legislativas o presidenciales.
La expectación domina por la postura que adoptarán otras fuerzas políticas ante las mociones de censura, las cuales ya el Partido Socialista adelantó que no acompañará.
Hasta el momento, han naufragado los intentos desde septiembre de derribar a Lecornu, gracias a la posición de los socialistas, que reciben críticas por convertirse en la tabla salvadora del Gobierno, que les ha hecho concesiones, la principal de ellas suspender hasta enero del 2028 la aplicación de la reforma de la jubilación.
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