Desde la oposición, representantes de la Revolución Ciudadana cuestionaron la nueva «tasa de seguridad» anunciada por el presidente, Daniel Noboa.

El exmandatario Rafael Correa (2007-2017) aseguró que el alza unilateral de aranceles “atenta contra toda la normativa andina” y “también incumple las normas de la OMC (Organización Mundial del Comercio)”.

Según el exgobernante, la OMC permite incrementos temporales de aranceles solo bajo salvaguardas específicas, “pero de ninguna manera de forma discriminatoria y, peor aún, punitiva”.

En igual sentido, el legislador Héctor Rodríguez afirmó que Noboa actúa como un “mal imitador de (Donald) Trump” e “ignora los acuerdos de la CAN y destroza el contexto histórico y la interdependencia vital que tenemos con Colombia (comercial, logística y energética).

Asimismo, Juan Andrés González, jefe de la bancada correísta, calificó la decisión como “otra muestra clara de improvisación” y advirtió sobre sus efectos en el sector eléctrico.

“Su agresión a Colombia pone en emergencia a nuestro sistema energético, consecuencia directa de un gobierno cuyos estándares son la alta mediocridad, la alta corrupción y la baja capacidad de gestión”, sostuvo.

González también acusó al Ejecutivo de desviar la atención de presuntos casos de corrupción y alertó que “su mediocridad pronto nos traerá apagones”.

Noboa justificó la medida, que entrará en vigor el 1 de febrero, con el argumento de una “falta de reciprocidad” de Colombia en materia de seguridad fronteriza frente al narcotráfico y la minería ilegal.

El jefe de Estado afirmó que Ecuador enfrenta solo a grupos criminales en una frontera de 600 kilómetros y que la medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real del país vecino.

Desde el sector empresarial, Freddy Cevallos, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Colombiana (Camecol), también dijo al portal digital Primicias que Ecuador podría enfrentar una demanda ante el Tribunal de Justicia de la CAN.

“Existen riesgos muy importantes para Ecuador, ya que esto no tiene un encuadre jurídico compatible con ninguna normativa andina. Colombia podría iniciar una demanda solicitando una suspensión de la medida”, explicó.

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia Ecuatoriana precisó que la tasa impositiva contempla excepciones específicas, entre ellas donaciones, efectos personales y ayudas técnicas, así como la venta de energía eléctrica y el servicio de logística de hidrocarburos.

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