El proceso, ahora por blanqueo de capitales, que involucra a expresidentes como Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) tuvo además otro acuerdo de pena, oposición a las evidencias de la Fiscalía y la invocación al principio de especialidad, lo que podría dilatar más la audiencia, según analistas.
La jornada comenzó tras un receso de tres días y acto seguido, la Fiscalía presentó un acuerdo de pena que, luego de ser avalado por la jueza Baloisa Marquínez, se conoció que se trataba de Riccardo Francolini, condenado a 30 meses de prisión y la devolución de 1.9 millones de dólares.
Posteriormente, los abogados tomaron la palabra para refutar las pruebas adicionales o extraordinarias de la Fiscalía, oponiéndose a la traducción de un material proveniente de Estados Unidos.
También el abogado Carlos Carrillo, defensor del exgobernante Martinelli, trajo al proceso nuevamente el principio de especialidad, garantía en el derecho internacional que establece que una persona extraditada, como lo fue el multimillonario a Estados Unidos, solo puede ser procesada por los delitos por los cuales se solicitó y concedió la extradición.
Además, la jueza Baloisa Marquínez acogió la solicitud del abogado Basilio González para que su cliente, Aaron Mizrachi, sea suspendido del juicio, debido a una acción de amparo de garantías constitucionales, decisión que cuestionan los expertos.
El caso Odebrecht es considerado la mayor trama de corrupción de América Latina.
En Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción basó su investigación en la declaración de la constructora brasileña, que confesó haber pagado más de 59 millones de dólares en sobornos a funcionarios y operadores políticos entre 2009 y 2014, para asegurar la adjudicación de contratos millonarios.
A solicitud de la fiscal Ruth Morcillo que deberá analizar las 300 pruebas extraordinarias presentadas por los abogados, el juicio se reanudará mañana viernes para admitir o rechazar esas evidencias
Esta investigación se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en Estados Unidos que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.
El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Para ejecutar los pagos ilícitos, Odebrecht estableció una estructura financiera secreta conocida como la «División de Operaciones Estructuradas», un mecanismo interno diseñado para gestionar sobornos a través de sociedades fachada y cuentas en paraísos fiscales, utilizadas por intermediarios designados por funcionarios panameños.
Panamá es uno de los últimos países en la región en avanzar hacia una audiencia pública sobre la red de sobornos de esa compañía que involucró a exmandatarios, ministros y empresarios.
Para varios analistas, el inicio del juicio Odebrecht coloca al sistema de justicia frente a una prueba que trasciende lo penal. No se trata solo de juzgar hechos del pasado, sino de responder a una exigencia presente: demostrar que la ley alcanza a todos y que la impunidad no es la norma.
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