En 2025, esta nación sudamericana registró ocho mil 979 pacientes con tuberculosis, de los cuales cinco mil 177 corresponden a la provincia costera de Guayas, seguida por El Oro, con 792, y Los Ríos, con 511, según los datos oficiales disponibles.
Médicos y organizaciones sociales advierten que la situación se agrava por las condiciones inadecuadas en los centros penitenciarios y también por la ausencia de una infraestructura sanitaria especializada.
El Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela, ubicado en el Cerro del Carmen de Guayaquil, permanece cerrado desde 2017, pese a que era un centro de referencia nacional para el tratamiento de tuberculosis.
El riesgo extramuros se evidenció con la investigación del contagio de una especialista del servicio de Medicina Legal, quien habría contraído tuberculosis tras realizar autopsias a personas privadas de libertad, indican reportes de medios locales.
De acuerdo con la información expuesta en una mesa técnica interinstitucional, cada semana llegan alrededor de 20 cadáveres de reclusos con ese diagnóstico.
“Tenemos que hacer un estudio de las personas que han trabajado en el cuidado y en la custodia de las cárceles, porque esas personas pueden estar contagiadas. Y no solo esas personas, sino también sus familias”, señaló Clara Freile, del Observatorio Social de la Tuberculosis.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil estima que durante 2025 en la Penitenciaría del Litoral hubo cerca de mil muertes por enfermedades y desnutrición crónica.
Esta semana se realizó una sesión de la Mesa de Emergencia Penitenciaria, instalada en cumplimiento de una sentencia judicial que declaró la vulneración de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
La reunión se realizó sin la presencia del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) ni del Ministerio de Salud Pública.
Fernando Bastias, abogado del CDH, apuntó que la ausencia de estas entidades impidió obtener cifras actualizadas sobre personas contagiadas, fallecimientos y tratamientos en curso.
Ante este escenario, la mesa resolvió avanzar con una visita técnica al penal, la mayor y más mortífera cárcel del país, donde activistas señalaron que han visto la exposición de personal estatal sin protección adecuada.
La visita a la Penitenciaría, prevista para el próximo 29 de enero, evaluará la entrega de alimentación, el acceso a la salud y tratamientos médicos, la seguridad sanitaria de funcionarios públicos y medidas para reducir el hacinamiento, según el CDH.
“Cada minuto que se pierde es crucial para personas privadas de libertad que están perdiendo la vida día a día. No podemos seguir esperando voluntad política cuando las muertes continúan”, afirmó Ana Morales, directora del Comité de Familiares por una Vida Digna dentro y fuera de las cárceles.
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